Entregar informes de inteligencia policial parciales al ministerio del Interior, suspender la vigilancia secreta a los domicilios del Presidente Boric y la ministra Siches, e informar antes a las ex autoridades del gobierno de Piñera que al actual Ejecutivo serían parte de su arsenal para combatir a los que el propio general ha denominado “enemigos morales y políticos”.
El lunes 20 de diciembre el general Luigi Lopresti convocó a sus subalternos de mayor confianza a una reunión en el sexto piso del edificio que alberga a la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), ubicado frente al Centro Cultural Gabriela Mistral, cerca de la intersección de la calle Portugal con Alameda.
El motivo del encuentro era analizar la victoria presidencial de Gabriel Boric el día anterior. Los ánimos eran de funeral. No era un misterio en las oficinas y pasillos de la Dipolcar que Lopresti y algunos de sus cercanos abogaban por la candidatura del ultraderechista José Antonio Kast. Hablaban abiertamente de ello.
“No sé qué va a pasar con nosotros ahora”, dijo Lopresti en esa reunión. “Boric hará desaparecer nuestra institución”. Todos asintieron. “Ganaron los que estaban en las calles animando los actos vandálicos”, prosiguió. “Ganó nuestro enemigo político y moral”.
Nadie en la reunión se sorprendió con los dichos del general Lopresti. Hace meses venía hablando de que “Jadue, Boric, todos ellos son nuestros enemigos morales”, y la mayoría de los presentes concordaba -y concuerda- con esa visión política.
“El perfil político de la oficialidad (de la Dipolcar) está muy marcado, es muy de derecha, pero de una derecha de los años 60 y 70 que ve enemigos políticos en todos lados”, afirma una persona que conoce el proceso de elaboración de documentos de inteligencia. “Y este gobierno está en riesgo de que le informen mal o le informen tarde”.
Lopresti, según confidencian varias fuentes policiales que han interactuado con él, estaba convencido de que con la llegada de Apruebo Dignidad al poder, no sólo corría peligro la continuidad de Carabineros como institución, sino que en lo inmediato su carrera policial estaba terminada. Cuando unas semanas después, el 4 de enero de este año, Cíper reveló que Lopresti había sido uno de los oficiales a cargo de espiar a los líderes estudiantiles durante las protestas de 2011 -entre ellos a Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson- el general estaba seguro que, a más tardar en marzo, cuando estos mismos entraran triunfantes a La Moneda, pasaría a retiro.
Sin embargo, ello no ocurrió y desde esa reunión del 20 de diciembre Lopresti ha trabajado sigilosamente para socavar de distintas maneras al nuevo gobierno, según confidencian varias fuentes de Carabineros.
Para este artículo, INTERFERENCIA conversó con varios funcionarios que pidieron la reserva de su identidad por temor a represalias laborales. Nuestro medio comenzó estas indagaciones hace algunas semanas y, en algunos casos, se reunió en dos o más ocasiones con algunas de estas fuentes. También obtuvimos acceso a diversos documentos que, por el mismo motivo de resguardar las fuentes, sólo serán parafraseados.
Con todo, el cuadro que emerge de toda esta documentación y antecedentes es preocupante. Hay indicios de que la Dipolcar, cumpliendo órdenes emanadas por su director, ha estado en una campaña por obstaculizar al gobierno.
“El perfil político de la oficialidad (de la Dipolcar) está muy marcado, es muy de derecha, pero de una derecha de los años 60 y 70 que ve enemigos políticos en todos lados”, afirma una persona que conoce el proceso de elaboración de documentos de inteligencia. “Y este gobierno está en riesgo de que le informen mal o le informen tarde”.
Según un funcionario policial que conoce a varios integrantes de la plana mayor de la Dipolcar, “la estrategia del general Lopresti es aumentar la percepción de ingobernabilidad y para ello su táctica es dejar de hacer, ocultar informes, relajar la guardia, una suerte de huelga de brazos caídos en temas sensibles”.
Se trata de cosas que, de todos modos, son muy difíciles de comprobar. ¿Cómo saber si los informes que Lopresti entrega en las reuniones semanales que tiene con personeros del Ministerio del Interior ocultan información o no entregan toda la información? “En las reuniones de la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia) nunca informábamos de todo lo que sabíamos, y supongo que las tres ramas de las fuerzas armadas tampoco lo hacían”, asegura una fuente consultada. También recuerda que incluso en el gobierno anterior de Piñera, en las reuniones del alto mando de esa dirección para discutir qué información se entregaba, la pregunta siempre era: “¿Qué no vamos a entregar esta vez?”. Y cuándo alguien preguntaba por qué no, la respuesta era siempre la misma: “Para la próxima”.
Pero hay algunos hechos que llaman la atención y parecen dar sustento a las denuncias internas.
Por ejemplo, la Dipolcar ya no hace los patrullajes nocturnos en torno a las residencias particulares del Presidente y de la ministra del Interior. Era una práctica no oficial que existió durante años, tanto en los gobiernos de Piñera como los de Bachelet, pero que desde marzo de este año ya no se realizan. “La rutina era que los agentes de la Dipolcar llegaban en cualquier momento de la noche, conversaban con la guardia policial, era parte del programa nocturno pasar por esos dos domicilios, pero ya no se hace”, afirma un funcionario al tanto de ello.
En este contexto, llama la atención que el actual Presidente ha sufrido más brechas de seguridad que cualquier otro mandatario en los últimos 30 años. El 14 de mayo pasado, un escolta de Boric fue secuestrado en San Miguel, recibió un disparo en su brazo derecho y después fue abandonado por los desconocidos en la comuna de Colina, a unos 30 kilómetros de distancia.
Tres días después hubo una balacera en el barrio Yungay, a pocas cuadras de la casa de Boric, en la que resultó muerta una mujer y hubo dos heridos.
Todas las fuentes consultadas insisten en que la actual dirección de la Dipolcar está integrada mayoritariamente por oficiales que no sólo son abiertamente de derecha, sino que suscriben a viejas ideologías como la Doctrina de Seguridad Nacional.
Con todo, distintas fuentes de Carabineros aseguran que se trata de una política que se circunscribe a la Dipolcar y no a toda la institución. Es más, muchos altos oficiales de distintas reparticiones coinciden en que el Director General, Ricardo Yáñez, tiene una relación fluida con La Moneda y que la disminución de las protestas y movilizaciones sociales, que atribuiría al hecho de que la centro izquierda está en el poder político, le ha permitido un respiro a la institución.
¿Bajo riesgo?
A comienzos de año comenzaron a circular antecedentes que apuntaban a la posibilidad de que estudiantes de varios establecimientos secundarios podrían reactivar sus protestas tras la vuelta a clases en marzo, tras casi dos años de enseñanza remota. Pese a ello, la dirección de la Dipolcar habría decidido no darle mayor relevancia a este asunto.
No se sabe si Carabineros alguna vez entregó esa información a las nuevas autoridades. Lo que sí se sabe es que las acciones de algunos estudiantes fueron noticia durante algunas semanas de marzo y abril, con quema de buses incluidos. Al final, aseguran fuentes policiales, son sólo cuatro colegios de más de diez mil -el Barros Borgoño, el Barros Arana, el Liceo de Aplicación y el Instituto Nacional- los que se han movilizado. “Pero la sensación de desorden e inseguridad fue grande”, afirma un funcionario policial.
Otro incidente que llamó la atención dentro de la propia institución policial fue la marcha del 1 de junio, convocada por varias organizaciones como acto paralelo a la cuenta pública que ese día realizó el Presidente Boric. “Estaba claro que en la Alameda con Cumming y en el barrio República iba a haber mucha acción”, comenta un funcionario de Carabineros ligado a labores de inteligencia, pero que no pertenece a la Dipolcar. Sin embargo, la Dipolcar emitió un boletín interno que calificó este evento en la categoría de “bajo riesgo”.
Ese boletín sirve a otras reparticiones de Carabineros, como la Dirección de Orden y Seguridad o las jefaturas de la zona Metropolitana, para disponer de los efectivos necesarios con el fin de hacerle frente al acontecimiento. Ese miércoles 1 de junio apenas se desplegaron Fuerzas Especiales. Pero fue una jornada violenta. Hubo saqueos y dos Carabineros resultaron suficientemente heridos como para ser internados en el hospital de esa institución. Este hecho provocó que la Dipolcar recibiera los primeros reproches desde otras unidades de la policía uniformada.
“No son neutrales”
Todas las fuentes consultadas insisten en que la actual dirección de la Dipolcar está integrada mayoritariamente por oficiales que no sólo son abiertamente de derecha, sino que suscriben a viejas ideologías como la Doctrina de Seguridad Nacional.
Grupos extremos de derecha que han surgido en los últimos dos años no concitarían el interés de Lopresti y sus cercanos. “Entonces, ¿qué pasa?”, asegura esta fuente. “Que muchos de los que trabajan en la búsqueda de información lo hacen en la dirección que le gusta escuchar a Lopresti. Y eso genera mala inteligencia”.
“No son oficiales neutrales”, dice un fuente policial que se trasladó hace casi dos años de la Dipolcar. “Son los resabios pinochetistas, por eso votaron y abogaron por Kast”.
Este misma fuente aseguró a este medio hace varias semanas que “no me extrañaría que la oposición comience a adelantarse con buena información, a entregar antecedentes que tal vez ni el gobierno maneje”. Una semana después de esa conversación, el 13 de abril, la bancada del partido Republicanos le entregó a la ministra del Interior Izkia Siches un extenso documento que registraba más de 3.500 ataques registrados en los últimos años en la Araucanía.
Varias fuentes consultadas por este medio aseguran que el general Lopresti incluso podría estar suministrando información a algunos miembros de la oposición antes que al gobierno. No hay manera de comprobarlo de manera fehaciente, pero estas personas recuerdan la cercanía de Lopresti con el ministerio del Interior de Piñera, en especial con el ex subsecretario Juan Francisco Galli.
En noviembre del año pasado el general Ricardo Yáñez iba a pasar a retiro a Lopresti. Una de las razones era que se había descubierto que en numerosas ocasiones la Dipolcar suministraba información antes a La Moneda de Sebastián Piñera que al propio Director General de Carabineros. La decidida intervención de Galli, además del entonces ministro del Interior Rodrigo Delgado, evitó su paso a retiro.
Funcionarios de gobierno que han participado de reuniones de seguridad a las que asiste Lopresti, tanto de la administración actual como de la de Piñera, aseguran que la relación es normal, aunque confidencian que “el general parece tener una tendencia hacia teorías algo conspirativas”.
INTERFERENCIA trató de contactarse durante varias semanas y en reiteradas ocasiones con la ministra Izkia Siches y su jefe de gabinete sin obtener respuesta. También lo hizo con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien a través de sus asesores se excusó por estar con Covid.
Teorías conspirativas
Luigi Lopresti llegó a la jefatura de la Dipolcar en diciembre de 2019, después de ser bien evaluado por el entonces gobierno y el alto mando de Carabineros por coordinar los llamados equipos ‘intramarchas’ infiltrados en las manifestaciones de la revuelta social de ese año. Las unidades bajo su mando, cuando él estaba en el departamento de personal de Carabineros, produjeron muchos arrestos y formalizaciones. Pero a poco más de dos años de los hechos, la mayoría de los manifestantes formalizados por la evidencia producida por los ‘intramarcha’ han quedado en libertad, no sin antes pasar meses en prisión preventiva.
A fines de 2019 Lopresti insistía en que la explicación de todo lo que estaba ocurriendo en las calles y plazas del país encontraba una respuesta coherente en una teoría del neonazi chileno Alexis López Tapia llamada la “Revolución Molecular Disipada”,
Según varios funcionarios policiales que han trabajado bajo el mando de Lopresti en los últimos años, en especial desde el estallido social, sus fracasos -que incluyen una filtración masiva de datos policiales al medio de investigación periodística Cíper en enero de este año- se deben en gran parte a sus propios sesgos políticos.
“Para la actual Dipolcar subversión y extremismo son sinónimos de izquierda”, afirma un ex funcionario policial que, por razones laborales, interactuaba con frecuencia con la dirección de inteligencia. Esta persona asegura que entre los cerca de 300 agentes que trabajan en esa dirección, todavía existe un puñado dedicado a hacerle seguimiento a ex miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. “¡Imagínate! Si sólo son un grupito de hombres mayores que se reúne en torno a un vino para hablar de sus viejos tiempos”, dice.
En contraparte, grupos extremos de derecha que han surgido en los últimos dos años no concitarían el interés de Lopresti y sus cercanos. “Entonces, ¿qué pasa?”, asegura esta fuente. “Que muchos de los que trabajan en la búsqueda de información lo hacen en la dirección que le gusta escuchar a Lopresti. Y eso genera mala inteligencia”.
Funcionarios policiales que han estado en la sede central de la Dipolcar recuerdan como a fines de 2019 Lopresti insistía en que la explicación de todo lo que estaba ocurriendo en las calles y plazas del país encontraba una respuesta coherente en una teoría del neonazi chileno Alexis López Tapia. Llamada la “Revolución Molecular Disipada”, en esta López argumentaba que la violencia callejera que se veía en Chile era parte de un secreto proceso revolucionario de toma del poder, dirigido en parte desde el extranjero.
Fue una teoría que no sólo cautivó a Lopresti, sino también al entonces gobierno de Piñera. Algunos ex funcionarios, tanto de Carabineros como de La Moneda, recuerdan que durante algunas semanas recibieron la orden de encontrar datos que apoyaran la teoría de que agentes extranjeros estaban agitando a las masas en Chile. “No hay ni nunca hubo esa infiltración extranjera, nunca hubo evidencia alguna, pero costó convencer de ello a los altos mandos”, recuerda un funcionario policial que estuvo en esa época.
Durante varias semanas de fines de 2019 e inicios de 2020, Lopresti ordenó poner las cerca de 15 láminas del PPT que resumía la teoría de López en una pared de las oficinas de la Dipolcar.
Por cierto, dos años después, durante el estallido social en Colombia, el ex presidente de ese país, Álvaro Uribe, también le dio cierta credibilidad a la ‘revolución molecular disipada’.
INTERFERENCIA contactó al general Luigi Lopresti a través de una mensaje a su whatsapp, planteando varios de los temas que se tocan en este artículo. El mensaje quedó como visto, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
Créditos www.interferencia.cl